Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Las desapariciones
forzadas se usaban frecuentemente en las dictaduras militares, hoy en día, la
desaparición forzada se utiliza como un
instrumento de la política de Estado para intimidar a la oposición y acallar la
protesta pacífica.
En México las desapariciones
forzadas alcanzan cifras escandalosas, sobre todo si pensamos que vivimos en
una democracia, que no se ha desatado una guerra civil en nuestro territorio y estamos
en un país en donde se supone que no hay violencia política. Amnistía Internacional (AI) denunció hace unos días a los gobiernos que emplean las
desapariciones forzadas para acallar a grupos opositores, o para perseguir a
las minorías étnicas. El nombre de
México figura entre los tres países con los índices más altos en este rubro, compartiendo la
marquesina de la deshonra con Egipto y Siria.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México reconocer la “gravedad de la crisis de derechos humanos
que enfrenta” y no tratar de “minimizarla hablando de casos aislados”. Según el
Registro Nacional Gubernamental en México hay 27, 659 “casos aislados” de
personas desaparecidas o no localizadas. Entre enero de 2014 a junio de 2015 se
tiene un reporte de 820 personas desaparecidas. Aunque las cifras cambian
radicalmente de un registro a otro, y muchas de las familias no denuncian los
hechos por temor a represalias, el cerco de todas estas desapariciones se
cierra cada vez más cerca de nosotros. Nuestros vecinos, conocidos, familiares,
están desapareciendo; lo peor es que no se puede decir que “sin dejar rastro”.
Existe un rastro, existen testigos presenciales, pero el rastro se pierde al
llegar a las autoridades.
Los Estados más afectados
con este problema son Guerrero, Veracruz
y Tamaulipas, en donde la presencia del narcotráfico es evidente. Sin embargo
estos casos están más ligados a la presencia militar. Según el último informe
anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la
ONU las desapariciones forzadas han tenido sus puntos más álgidos en tres
momentos específicos de la historia de México. En los años setenta,
correspondiendo a la guerra sucia. En 1994, coincidiendo con el conflicto
armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y durante el
sexenio de Felipe Calderón, extendiéndose hasta el actual gobierno. Todos estos
momentos históricos tienen en común la participación del ejército en tareas del
orden público y seguridad.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha argumentado que: “las fuerzas
armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad
ciudadana y corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de
los derechos humanos, combatir la delincuencia y la violencia”. También señala que: “para el buen
funcionamiento de un sistema democrático las actividades de investigación
criminal e inteligencia deben corresponder a fuerzas policiales civiles que
estén sometidas a los correspondientes controles por parte del Parlamento o, en
su caso, del sistema judicial”.
Por desgracia para México
las cosas no son tan sencillas, los malos manejos y la corrupción alcanza hasta
a las dependencias más “pequeñas”. Las organizaciones civiles se quejan no sólo de una insufrible burocracia
que obstaculiza los tramites y las investigaciones, sino de la ineficiencia de las
autoridades municipales. La activista Alejandra Nuño Ruiz Velasco, del
Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, urgió a actuar para
frenar esta crisis donde está demostrada la participación de las autoridades.
"En muchos de los casos se ha demostrado la corrupción, colusión y
tolerancia de las autoridades municipales. Lo paradójico es que el 96,5% de los
casos es investigado por tales instancias locales".
En los últimos años, a
partir de septiembre del 2014 para ser exactos, México no deja de figurar en el
escenario internacional como el reflejo de la impunidad. Es sumamente vergonzoso
ser señalados como país en el informe con motivo del Día Internacional de las Víctimas
de Desaparición Forzada. En dicho informe se denuncia la desaparición de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fueron atacados por la
policía y hombres armados en Iguala. Casi dos años después, sólo se ha
encontrado el cuerpo de uno de ellos, mientras que los 42 restantes continúan con
paradero desconocido. El secretario general de AI, Salil Shetty señala que este caso es “emblemático” en una
larga lista de personas desaparecidas en un país “en el que persiste la
impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada”.
En este día tan doloroso
para miles de familias mexicanas, reafirmamos nuestra solidaridad con su causa,
que cada vez está más cerca de ser nuestra causa. A todas esas madres y padres
de familias que buscan debajo de las piedras aunque sea los restos de sus
hijos, nuestra admiración y respeto. Los movimientos que encabezan las decenas
de organizaciones civiles en pos de la búsqueda de las personas desaparecidas
han logrado hacer voltear los ojos de todas las organizaciones internacionales
que defienden los derechos humanos y que son, las que desde afuera, presionan
al Gobierno mexicano para esclarecer estos hechos.
Las desapariciones
forzadas NO SON CASOS AISLADOS, son
casos de corrupción e impunidad que la sociedad demanda que se resuelvan ¡YA!
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